Jorge Bustamante emplaza al gobierno atender las demandas de las organizaciones indígenas, que presentaron al gobierno peruano una propuesta con el Proyecto de Ley Marco de Consulta a los Pueblos Indígenas. Su expectativa es que las autoridades aprueben en los próximos 60 días la ley que implementa el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas.
De acuerdo con informaciones de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la propuesta fue presentada la semana pasada al presidente del Congreso, Luis Alva Castro. Ayer (13), en rueda de prensa, los representantes de la Asociación afirmaron que están dispuestos a dialogar con las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo sobre el asunto. Mientras tanto, resaltaron que en el caso que el Gobierno no encuentre una buena salida, "iniciarán otras acciones".
La iniciativa de los indígenas fue justificada por Daisy Zapata, presidente interina de la Aidesep, en la entrevista: "Queremos decirle al Gobierno que ya basta conque el tiempo siga pasando y no se promulgue una ley". Segundo ella, las organizaciones indígenas están luchando por el reconocimiento del derecho a la consulta.
En su opinión, muchos conflictos podrían ser evitados si el Estado peruano conversara con los indígenas sobre las normas y las iniciativas que afectan a sus territorios ancestrales. "Muchos conflictos se inician porque el Gobierno no sabe conversar con los pueblos indígenas", consideró.
Informe 2010
El proyecto de los indígenas no es el primer pedido de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT solicitado al Gobierno peruano. En febrero pasado, la Comisión de Especialistas en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT divulgó el Informe 2010, en el cual también demandaba el respeto al derecho a la consulta de los pueblos indígenas en la aplicación de normas o iniciativas que los afecten.
El informe, divulgado el 25 de febrero, destacó la necesidad de la participación de todos los indígenas interesados en las deliberaciones que los involucran directamente, como por ejemplo, las relacionadas con las actividades de explotación en territorios indígenas y la reforma del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa).
Además, el documento también solicitó investigaciones imparciales sobre los conflictos ocurridos el año pasado que terminaron en la Masacre de Bagua, en junio de 2009.
De acuerdo con informaciones de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la propuesta fue presentada la semana pasada al presidente del Congreso, Luis Alva Castro. Ayer (13), en rueda de prensa, los representantes de la Asociación afirmaron que están dispuestos a dialogar con las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo sobre el asunto. Mientras tanto, resaltaron que en el caso que el Gobierno no encuentre una buena salida, "iniciarán otras acciones".
La iniciativa de los indígenas fue justificada por Daisy Zapata, presidente interina de la Aidesep, en la entrevista: "Queremos decirle al Gobierno que ya basta conque el tiempo siga pasando y no se promulgue una ley". Segundo ella, las organizaciones indígenas están luchando por el reconocimiento del derecho a la consulta.
En su opinión, muchos conflictos podrían ser evitados si el Estado peruano conversara con los indígenas sobre las normas y las iniciativas que afectan a sus territorios ancestrales. "Muchos conflictos se inician porque el Gobierno no sabe conversar con los pueblos indígenas", consideró.
Informe 2010
El proyecto de los indígenas no es el primer pedido de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT solicitado al Gobierno peruano. En febrero pasado, la Comisión de Especialistas en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT divulgó el Informe 2010, en el cual también demandaba el respeto al derecho a la consulta de los pueblos indígenas en la aplicación de normas o iniciativas que los afecten.
El informe, divulgado el 25 de febrero, destacó la necesidad de la participación de todos los indígenas interesados en las deliberaciones que los involucran directamente, como por ejemplo, las relacionadas con las actividades de explotación en territorios indígenas y la reforma del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa).
Además, el documento también solicitó investigaciones imparciales sobre los conflictos ocurridos el año pasado que terminaron en la Masacre de Bagua, en junio de 2009.
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