Jorge Bustamante del Partido Laboralista, cuestiona las marchas y contramarchas del actual gobierno, la grave situación de la minería en Madre de Dios, puesta en evidencia durante los últimos meses ante la opinión pública nacional, exige la adopción de una serie de medidas que requieren contar con un respaldo ciudadano que el actual gobierno no tiene. La población no cree que detrás de la norma defendida por el ministro Antonio Brack exista una buena intención para solucionar el problema minero en la amazonía; por el contrario lo que se cree es que la norma busca reprimir una actividad económica informal, en un país y una sociedad donde la informalidad es parte del paisaje común a todos los sectores, e incluso ha sido legitimada por algunos gurús del liberalismo como Hernando de Soto y muchos de los promotores del “emprendimiento” empresarial.
Sin embargo, lo que ocurre en los ríos de Madre de Dios dista mucho de la situación de aquellos microempresarios informales que evaden los engorrosos procedimientos creados por una burocracia ineficiente. La minería informal de Madre de Dios es parte de una vasta red de agentes económicos -formales e informales- que no sólo evaden la ley y los procedimientos de manera permanente, sino que promueven la comisión de una serie de delitos, vulneran los derechos de las personas y acaban produciendo una contaminación ambiental a gran escala.
Pero lo que el gobierno no previó es que la aplicación de políticas no es sólo cuestión de emitir normas y enviar a la policía. En este como en otros casos, es necesario contar con un acuerdo político multipartidario e involucrar a las instituciones y organizaciones vinculadas al problema, para respaldar una política de ordenamiento ambiental de gran escala. Al no buscar este consenso, el gobierno se encontró con la masiva movilización de mineros informales y artesanales en diversos lugares del país que ven en la norma aprobada para Madre de Dios el primer paso para “sacarlos del negocio”.
El resultado de esta comedia de equivocaciones ha sido la lamentable pérdida de vidas humanas en Chala, un gabinete debilitado, un ministro del ambiente desautorizado y un innecesario pedido de vacancia del Presidente de la Republica que no contribuye en nada a resolver el problema.
Sin embargo, lo que ocurre en los ríos de Madre de Dios dista mucho de la situación de aquellos microempresarios informales que evaden los engorrosos procedimientos creados por una burocracia ineficiente. La minería informal de Madre de Dios es parte de una vasta red de agentes económicos -formales e informales- que no sólo evaden la ley y los procedimientos de manera permanente, sino que promueven la comisión de una serie de delitos, vulneran los derechos de las personas y acaban produciendo una contaminación ambiental a gran escala.
Pero lo que el gobierno no previó es que la aplicación de políticas no es sólo cuestión de emitir normas y enviar a la policía. En este como en otros casos, es necesario contar con un acuerdo político multipartidario e involucrar a las instituciones y organizaciones vinculadas al problema, para respaldar una política de ordenamiento ambiental de gran escala. Al no buscar este consenso, el gobierno se encontró con la masiva movilización de mineros informales y artesanales en diversos lugares del país que ven en la norma aprobada para Madre de Dios el primer paso para “sacarlos del negocio”.
El resultado de esta comedia de equivocaciones ha sido la lamentable pérdida de vidas humanas en Chala, un gabinete debilitado, un ministro del ambiente desautorizado y un innecesario pedido de vacancia del Presidente de la Republica que no contribuye en nada a resolver el problema.
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